El Decreto ley 1/2026, de 26 de enero, introduce cambios muy relevantes en la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, especialmente en dos puntos que están generando muchas dudas en la práctica: los usos y obras provisionales (art. 32) y el régimen de las edificaciones en situación legal de consolidación (art. 160). Estos ajustes buscan desbloquear suelos y edificaciones “atascados” por el planeamiento, sin renunciar a la seguridad jurídica ni a la disciplina urbanística.
Usos y obras provisionales: herramienta real, no excepcional.
La figura de las obras y usos provisionales ya estaba en la Ley 4/2017, pero muchos ayuntamientos la estaban aplicando de forma muy restrictiva, casi como si fuera una excepción residual. El nuevo texto del artículo 32 pretende clarificar y “normalizar” su uso, con tres ideas básicas:
Se pueden autorizar en cualquier clase de suelo
El precepto deja claro que los usos y obras provisionales pueden autorizarse siempre que se cumplan determinados requisitos. Esto abre la puerta, por ejemplo, a:
- Actividades económicas temporales en suelos pendientes de planeamiento.
- Instalaciones desmontables, como naves ligeras o estructuras auxiliares.
- Proyectos vinculados a energías renovables con vocación temporal.
Qué significa que sean “provisionales”
La norma define la provisionalidad de forma funcional:
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O bien se deduce de las propias características de la construcción (elementos claramente desmontables).
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O bien de la facilidad, en coste y tiempo, para desmantelar la obra o trasladar la actividad.
Esto evita interpretaciones subjetivas y obliga a valorar si, en la práctica, es razonablemente sencillo retirar lo ejecutado sin hipotecar el futuro del suelo.
Límites legales y respeto al planeamiento
No todo vale por ser “provisional”. El nuevo artículo 32 exige que:
- El uso u obra no esté expresamente prohibido por la legislación ambiental, territorial o urbanística, ni de forma general ni específica para ese suelo o ámbito.
- La ordenación pormenorizada:
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Si no está aprobada definitivamente, no se puede comprometer su futuro desarrollo.
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Si ya está en vigor, la actuación provisional no puede impedir su ejecución.
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De este modo, el uso provisional se concibe como un puente temporal, no como una vía para consolidar situaciones contrarias al plan.
Garantía económica e inscripción registral
El Decreto ley refuerza las garantías para la Administración:
- La eficacia de la licencia queda condicionada a prestar una garantía suficiente para cubrir demolición y erradicación de la actuación en caso de incumplimiento.
- Cuando la finca esté inscrita, deben constar en el Registro de la Propiedad las condiciones de libre revocabilidad y ausencia de derecho a indemnización, salvo si la obra o uso no supera los tres meses de duración y no es prorrogable.
En la práctica, esto da seguridad al ayuntamiento (ante eventuales resistencias a desmontar) y transparencia frente a terceros adquirentes.
Situación legal de consolidación: más cerca de la plena conformidad que de la “fuera de ordenación”
La segunda gran reforma afecta al artículo 160, sobre el régimen de las edificaciones en situación legal de consolidación. La experiencia mostró que muchos operadores asimilaban de facto esta situación a la “fuera de ordenación”, con un efecto paralizante sobre edificaciones que nacieron legales y con licencia.
El nuevo texto quiere corregir ese sesgo y dejar claro que la consolidación es una situación jurídica con mayor nivel de protección.
Más tipos de obras permitidas, incluida la ampliación
En edificaciones en situación legal de consolidación se admite ahora, con carácter general:
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Obras de mantenimiento, conservación, reforma, modernización, consolidación, rehabilitación, remodelación y demolición parcial.
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Obras de ampliación, incluso con incremento de volumen y edificabilidad, siempre que lo permita el nuevo plan.
Es decir, el hecho de que el planeamiento haya cambiado no bloquea por sí solo la evolución del inmueble, si el propio plan actual prevé esa posibilidad.
Adaptación al nuevo plan: solo lo imprescindible
La norma aclara expresamente que:
- No es exigible adaptar todo el inmueble existente a las nuevas determinaciones urbanísticas.
- Solo cuando se incremente el volumen o la edificabilidad habrá que ajustarse a la nueva alineación.
Con ello se evita que cada intervención importante se convierta en una “reconstrucción” forzosa conforme al nuevo plan, algo muchas veces material o económicamente inviable.
Obras exigidas por normativa sectorial, aunque choquen con el plan
Otro punto clave: si normas sectoriales de obligado cumplimiento (por ejemplo, seguridad contra incendios, accesibilidad, condiciones técnico‑sanitarias) exigen realizar obras de ampliación para que la actividad pueda continuar, estas obras se permiten aunque sean contrarias al planeamiento, siempre que:
- Sean imprescindibles para cumplir la norma sectorial.
- No sea posible ajustarse a ella mediante simples obras de rehabilitación o remodelación.
Aquí el legislador prioriza el cumplimiento de estándares de seguridad, salubridad o funcionalidad frente a una rigidez absoluta del planeamiento.
Cambios de uso: permitidos salvo incompatibilidad manifiesta
Por último, el nuevo artículo 160.1.b establece que:
- Se admitirán cambios de uso en edificaciones en situación legal de consolidación.
- Solo se rechazarán cuando el nuevo uso sea “manifiestamente incompatible” con el destino asignado por la nueva ordenación (por ejemplo, implantar una industria pesada en un entorno claramente residencial).
Esto da margen para adaptar el edificio a nuevas demandas (residencial, terciario, servicios, etc.) sin obligar a derribarlo o mantener un uso obsoleto.
Consulta en Decreto en el siguiente enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2026/017/244.html